Por una agenda política que incluya a les jóvenes

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Por Manuela Sisti
Infografía: Camil Camarero

Un análisis sobre la participación de las nuevas generaciones en la vida política de nuestro país

El cuerpo se siente raro, les amigues ya no son les mismes -o quizás une ya no es el misme-, les mapadres pasaron de ser un ejemplo de vida a ser la materialización de todas las instituciones que queremos abolir. Música altísima, muchas ganas de coger y dramas que parecen ser el final definitivo de nuestra felicidad en la tierra. Pocas cosas tan incómodas como ser adolescente. Y sin embargo, es en esa incomodidad donde radica el potencial transformador de les pibis. 

En 1999, la Asamblea General de la ONU declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud. Esta fecha se impone como jornada anual de conmemoración de aquella incomodidad que empuja a les pibis a querer cambiarlo todo, pero también funciona como efeméride para poder dar cuenta de los desafíos que encuentran las juventudes a la hora de canalizar esa incomodidad en propuestas de cambio social concreto.

Pero yendo a lo real, ¿cuáles son las herramientas reales con las que cuentan les jóvenes para materializar su manija de transformar el mundo que les rodea? 

En octubre de 2012, la sanción de la ley 26.774 significó la ampliación del derecho al voto en las elecciones nacionales a las personas de 16 y 17 años en Argentina. Y si bien nuestra Constitución determina que el voto es obligatorio, en el caso de les menores de 18, la ley no establece ninguna sanción si no se presentan a votar. Esta ley se puso en práctica por primera vez en las elecciones legislativas de 2013, donde participó el 20% de les jóvenes de 16 y 17 años. Este porcentaje escaló al 58% para las presidenciales de 2015. En 2019, fueron 1 millón aproximadamente les jóvenes que estuvieron habilitades a votar por primera vez.

Perfecto, a partir del 2012 les argentines podemos votar desde los 16. Ahora, la verdadera pregunta es: ¿a quiénes?. A excepción de la Ciudad de Buenos Aires, para ser elegide en cargos nacionales como presidente, juez de un Tribunal Superior o senador hay que haber cumplido como mínimo 30 años. Para ser diputade, 25. Y si bien les jóvenes de entre 16 y 30 años son el 35% del total del padrón electoral nacional, solo el 2% de les diputades tiene esa edad. En el caso de les senadores, les menores de 40 años representan el 6% de la Cámara. 

En exactamente un mes, estaremos metiendo nuestro voto en las urnas de todo el país. El próximo 12 de septiembre se celebran las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), donde tenemos una nueva chance de elegir -principalmente- a quienes luego se enfrentarán en la contienda general como candidatos a diputades y senadores.

Sumando los 24 distritos del país, son 3.365 precandidatos y precandidatas a ocupar una banca (incluyendo titulares y suplentes). De ese total, solo el 8% de todes les precandidates que competirán en las PASO, son menores de 30 años. El promedio de edad en ese sentido, es de 50 años. Nuevamente, la agenda de las juventudes es minoría en el Congreso.

Frente a este panorama, existen algunas propuestas para alterar los vicios de un sistema electoral vetusto que no hace otra cosa que expulsar a cualquier identidad que no sea un señor blanco, cisgénero, heterosexual, de clase media. En septiembre del 2020, la diputada nacional por el Frente de Todos, Gabriela Estévez, presentó un proyecto de Ley de Cupo Joven cuyo objetivo es modificar el código electoral nacional para que, a la hora de presentar las listas nacionales de candidates a diputades, senadores y parlamentaries del Mercosur, se cumpla con un cupo mínimo del 30% de personas con menos 40 años. A este requisito también se le sumaría el de la Ley de Paridad de Género, de “uno y una”.

Se habla de “discriminación positiva” cuando se promueven acciones concretas que buscan reducir prácticas discriminatorias contra sectores que son sistemáticamente invisibilizados, silenciados o, como en este caso, subrepresentados. Un ejemplo de esto fue  la Ley de Paridad. Y sí. Frente a un sistema electoral que requiere que les menores de 30 años sean excepcionalmente extraordinarios para llegar a ocupar cargos de toma de decisión, generar un marco normativo que facilite ese acceso es una forma de justicia social. Habiendo tantas personas mediocres mayores de 50 años en el Congreso, el requerimiento de excelencia hacia les jóvenes no es otra cosa más que una barrera en el camino del pleno ejercicio de sus derechos políticos y sociales.

Este proyecto de Ley de Cupo Joven, en particular, busca achicar la brecha generacional que hay entre quienes nos representan y quienes somos representades. Más jóvenes ocupando espacios de toma de decisiones implica incorporar nuevas agendas que tienen que ver con los intereses y preocupaciones de toda una generación que hasta ahora solo puede votar, pero no decidir.

Después de ver diputades tratando de peteras a actrices argentinas que visitaron al Presidente en Olivos para conversar sobre la situación del gremio en pandemia, sinceramente, el prejuicio que asocia inexperiencia con falta de capacidad no va más. El debate público de nuevas agendas, como la sustentabilidad y cuidado del ambiente, los derechos de la comunidad LGTTBIQ+, la legalización del consumo de cannabis, empleo jóven y todo lo que es alquileres y vivienda, necesitan tener a sus protagonistas gestionando desde el sistema institucional de toma de decisiones. Porque, tarde o temprano, como dijo Charly, los dinosaurios van a desaparecer.

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