Por Sofía I. Motti
En las últimas semanas, el faról mediático se posó en diversos casos de abuso sexual y pedofilia que salieron a la luz a partir de denuncias y testimonios que se realizaron de manera pública. Esto hizo reflotar múltiples discusiones sobre el funcionamiento del poder judicial, el punitivismo, el estigma, y el trauma, entre otras cosas. Desde Beba nos proponemos revisitar estos puntos y preguntarnos qué papel juegan en el tratamiento de los casos de violencia sexual infantil.
Entre 2020 y 2021, sólo en nuestro país, la suma de infancias y adolescencias que fueron víctimas de violencia sexual, llegó a una cifra inimaginable: 3.129, según el programa ‘’Las Víctimas Contra Las Violencias’’ del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Un 77% eran niñas, y el 36% de los casos se produjo en el hogar, mientras que el 27% sucedía en entornos digitales. Estos datos arrojan una realidad que nos atraviesa como sociedad, cada año miles de infancias y adolescencias son víctimas de violencia sexual en nuestro país, y este hecho, aunque penado por la ley, no decrece, sino que se sostiene año a año estadísticamente. La mediatización y proliferación masiva de información en los medios de comunicación e internet, no hacen más que agregar a la problemática nuevas aristas: la sexualización de menores a plena luz del día, la utilización de la imagen de infancias y adolescentes como producto intercambiable, adquirible y la internalización de un relato signado por el prejuicio y culpabilización de las víctimas cuando las mismas toman la decisión de exteriorizar sus experiencias en la televisión o redes sociales.
Durante las últimas semanas el foco mediático estuvo puesto en diversos casos relacionados a la farándula Argentina que vinculaban a personas del espectáculo, con casos de pedofilia, trata de personas y violencia sexual contra menores. El detonante fue la detención del productor Marcelo Corazza, denunciado por corrupción de menores, que derivó en una investigación sobre una red de trata que trasladaba menores desde Misiones hacia Buenos Aires. Este caso fue el que dio pie a que Lucas Benvenuto, víctima de redes de trata, denunciase de manera pública a Jey Mammón por violencia sexual infantil cuando él tenía 32 años y Lucas, apenas 14. En el año 2020, Lucas llevó el caso a la justicia que terminó por ser prescripto por haber transcurrido tanto tiempo entre el hecho y su relevamiento a la justicia. Frente a la decisión del juez Walter Candela y el fiscal Patricio Lugones, Jey Mammón fue sobreseído, y por ende, quedó impune judicialmente. Es a partir de este hecho que Lucas recurre a los medios como vehículo para hacer una denuncia social, -ya habiendo agotado la instancia judicial- sobre lo que vivió en su adolescencia y dejar asentado con el sostenimiento de su testimonio, que existe un pacto de silencio y complicidad que protege a quienes incursionan y promocionan la corrupción de menores, sobre todo si los protagonistas son figuras públicas. A raíz del caso, se abrieron múltiples discusiones sobre la figura de la víctima, la culpabilidad, el estigma con el que cargan las mismas, la postura del poder judicial, la impunidad mediática y la revictimización. Hoy nos proponemos reflexionar sobre algunas de estas preguntas.
En primer lugar, es necesario tener en cuenta que la violencia es producto de una utilización de la fuerza (sexual, psicológica, económica, etc.) en un discurso, relación o acciones que tienen una asimetría jerárquica real o simbólica, es decir, en toda relación violenta hay una parte en desventaja. En el caso de la violencia infantil, esa figura siempre es el menor, en clara inferioridad por su situación de vulnerabilidad. Frente a esta desventaja del menor, debe haber un Estado dotado de políticas públicas que sean capaces de acompañar al mismo en situaciones de violencia, para proporcionarle contención y respuestas rápidas. Sorprende que luego de avances en la materia, como la sanción de la Ley Piazza o la Ley de Respeto de Tiempos de las Víctimas, la justicia siga sancionando fallos que no sólo la justicia siga sancionando fallos que se corran del lugar de fiabilidad que el Estado debería significar para las víctimas, despojándolas además de posibles herramientas legales.
Es acá donde vale la pena preguntarnos: ¿cómo se carga con el trauma, ese que es imprescriptible? Una de las características del abuso sexual, es el trauma que deja después de que es consumado. La internalización de la violencia ejercida sobre el propio cuerpo y los efectos en el mismo, pueden llevar mucho tiempo, tiempo que a su vez es necesario para entender lo sucedido, catalogarlo como un abuso y entenderse sujeto de este. Es ese trauma, muchas veces paralizante, el que necesita algún tipo de reparación histórica para poder sanar, verse avalado no solo por une misme sino por un sistema que acompañe la decisión de denunciar. El valor que lleva a públicamente contar los hechos, se ve acompañado por el estigma con el que carga quien decide denunciar, judicial o socialmente, lo que vivió.
Y esto nos lleva al segundo punto: el estigma. Hay alrededor de la figura de la víctima de abuso sexual un tipo de estigmatización que con los casos que fueron mediatizados estas semanas, pudo verse en primer plano. ¿Por qué no denunció antes? ¿Por qué salía con alguien tan mayor? ¿Dice la verdad? Preguntas como éstas llevan a la reproducción de la situación traumática para quien ha sufrido un abuso. Así mismo, sigue habiendo alrededor del testimonio, un velo cargado de interrogantes y vacilaciones sobre la veracidad de lo contado, los tiempos en los que esto sucede, e incluso, un cuestionamiento sobre el hecho puntual, sobre si es problemático o no que un hombre de 32 años mantenga una relación con un niño de 14.
Este estigma se aúna con los prejuicios y la culpabilidad cuando hablamos además de hechos consumados dentro de la comunidad gay. Junto con la revictimización, quien testimonia, se encuentra con un sistema heteronormativo y patriarcal que traslada argumentos violentos que depositó y sigue depositando sobre la comunidad hacia el caso en sí. Durante la historia, el colectivo LGBTTQI+ tuvo que ocupar un lugar en el mundo cuestionando las formas normativas de relacionarse que regían (y rigen) en la sociedad para poder ejercer una sexualidad libre de estigmas, que posibilite amores, vínculos e identidades disidentes. Pero este discurso combativo tiene como base un precepto obvio, pero que es pertinente repetir; este amor disidente, que se sale de los límites establecidos, siempre es consentido y sin una asimetría jerárquica etaria. Este posicionamiento ante el mundo, necesario para posibilitar una existencia queer, es usado a la hora de hablar del abuso sexual como un arma contra la comunidad, poniendo en tela de juicio la forma de vivir la sexualidad, como justificativo de la violencia ultrajada sobre el cuerpo. Nicolás Cuello, @hardcorepeluche, reflexionó sobre este punto en twitter:
«Me arriesgaría a decir además que una de las razones por las cuales los gays no hablamos lo suficiente sobre la violencia sexual que hemos vivido, es porque la imaginación heterosexista del sentido común, como cultura del castigo, nos ha criado en el merecimiento de ese daño»
El castigo a la comunidad aparece nuevamente en estos casos como una manera de punitivismo. El castigo de la identidad, del sentir, es llevado a un punto enormemente peligroso, considerándolo justificativo del abuso.
Es necesario poder crear espacios en donde las infancias y adolescencias se sientan seguras hablando de estas temáticas, donde de haber sufrido un abuso puedan compartirlo y ser acompañades de una manera que no les haga volver a atravesar los hechos de la misma manera y que también pueda ser motor para que el delito sea tratado de forma correcta: judicialmente. El Programa ‘’Las Víctimas Contra Las Violencias’’ dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, acompaña a víctimas de violencia familiar y sexual en situaciones de emergencia y urgencia brindándoles contención, asesoramiento y asistencia a través de diferentes vías de comunicación, siendo la principal la línea telefónica 137 y la línea de Whatsapp 11 3133-1000, ambas funcionan las 24hrs de los 365 días del año. El equipo está conformado por profesionales a cargo de las líneas y cuentan con apoyo jurídico especializado que orienta a la víctima en el actuar posterior. Por otro lado, la asociación civil Aralma y el Movimiento Derecho al Tiempo Argentina (DATA) presentaron el proyecto de la Ley Derecho al Tiempo, que tiene el fin de hacer imprescriptibles las modalidades de abuso sexual en la infancia y también, cambiar la nominología de las mismas reemplazando: ‘’abuso sexual infantil’’, por la denominación: ‘’violencia sexual infantil’’, alegando que el término revictimiza a las víctimas ya que la palabra ‘’abuso’’ remite a un ‘’uso injusto o excesivo’’, y termina por tratar al infante o adolescente como objeto, en vez de como un sujeto de derechos. El proyecto apunta a que se tengan en cuenta los tiempos que cada víctima puede tener para asimilar el trauma y llevar su caso a una instancia judicial. Por último, se debe seguir profundizando en la implementación de la Educación Sexual Integral en pos de crear estos espacios que las niñeces y adolescencias merecen para poder informarse y tener herramientas útiles para evitar sumergirse en relaciones violentas y asimétricas, reconociendo los mecanismos que son utilizados para cooptarles, poniendo énfasis en la cultura de la culpabilidad que juega con la perpetuidad del silencio de la víctima.
Les niñes merecen una educación contenedora, libre de estigmas y que acompañe sus procesos de descubrimiento sexual sin prejuicios, protegiéndoles de posibles peligros, dándoles herramientas para entender que, lamentablemente, no importa donde suceda, ningún ámbito está exento.
Si sufrís o conocés a alguien que sufre de violencia familiar o sexual comunicate con la línea 137.