Por Malena García | Fotografía Paloma García
Después de un show mediático con la primera movilización en la ciudad de Buenos Aires desde el anuncio del “protocolo anti-piquetes”, Milei dio a conocer en Cadena Nacional un DNU con más de 300 artículos de desregulación de la economía argentina. Miles de personas salieron a la calle demostrando que la movilización es vital pero amenazada con discursos y políticas que vienen a debilitar la democracia.
La página web desde la cual Patricia Bullrich difundió sus propuestas “para ordenar al país” como candidata a presidenta de la Nación con la fórmula de Juntos por el Cambio ya fue actualizada. Ahora, la primera frase es: “Agradezco al presidente electo Javier Milei la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria como ministra de Seguridad”. En sus primeros días de gestión, viajó a Rosario para presentar el Plan Bandera y anunció además un protocolo contra las manifestaciones populares, que incluye la televisación del monitoreo del operativo.
El Ministerio de Seguridad es un organismo relativamente nuevo, creado en el año 2010 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Dicho ministerio tiene a su cargo la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y el Consejo Federal de Seguridad Interior. Históricamente, la seguridad estuvo a cargo del Ministerio del Interior. Durante el gobierno de Cristina se abordó en la órbita de los derechos humanos y fue competencia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación (que en ese entonces tenía a su cargo Julio Alak). En diciembre de 2010, la cartera pasó a llamarse “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, y se creó un ministerio específico para Seguridad, liderado por Nilda Garré, quien representó un giro progresista en la gestión.
El Ministerio de Seguridad mostró continuidad con una narrativa hegemónica sobre la inseguridad, asociada al delito de los sectores populares, pero fue disruptivo al ampliar esta noción a otros ámbitos, como los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad. Al definir dichas prácticas como formas de inseguridad, se llevaron adelante acciones para prevenir la violencia de las fuerzas de seguridad y su complicidad o participación en los entramados delictivos. Los últimos años de la gestión estuvieron a cargo de Arturo Puricelli y María Cecilia Rodríguez hasta el 2015, año en que la derecha tomó las riendas del país por la vía democrática.
El 10 de diciembre de 2015, Patricia Bullrich asumió el mando del Ministerio de Seguridad y su gestión durante el gobierno de Cambiemos dejó varios hitos en la construcción de enemigos públicos, la represión de la protesta y la subordinación a agendas extranjeras, por ejemplo, adoptando la idea del terrorismo. La Resolución 956, firmada por Bullrich, autorizó a las fuerzas de seguridad a disparar a sospechosos en fuga o en situaciones de resistencia a la autoridad sin dar la voz de alto. La “Doctrina Chocobar” surgió a partir del caso de un suboficial de la policía bonaerense que, estando fuera de servicio, persiguió y asesinó por la espalda a un joven de 14 años que había cometido un violento asalto contra un turista en Buenos Aires. Chocobar fue condecorado por las máximas autoridades del gobierno, habilitando prácticas que resultaron en el incremento de casos de gatillo fácil.
Santiago Maldonado estuvo desaparecido durante 78 días después de una represión de Gendarmería ordenada por Bullrich. Después de encontrar su cuerpo, la autopsia no pudo determinar cuándo, dónde ni cómo murió. La causa sigue abierta, aunque sin resolución de la Corte Suprema. Patricia Bullrich también defendió a cinco miembros de la Prefectura Naval que asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel, un joven mapuche de 22 años, durante un desalojo en el parque nacional Nahuel Huapi, en el noroeste de la Patagonia. Finalmente, recibieron penas de hasta cinco años de prisión por “exceso en la legítima defensa”.
Como ministra, Bullrich promovió un discurso bélico contra el narcotráfico -aunque, en la práctica, terminó criminalizando a los eslabones más débiles de la cadena del tráfico de estupefacientes- y trabajó para seguir corriendo los límites de lo posible: dijo que “el que quiera estar armado, que ande armado”, propuso un centro de detención para inmigrantes con documentación irregular, habilitó el derribo de aviones en vuelos clandestinos e impulsó protocolos y reglamentos que autorizaban el uso discrecional de las fuerzas de seguridad.
“Ella lo que hizo fue sobreactuar su dureza, y esa sobreactuación creó un clima de discrecionalidad sobre las fuerzas, además de las órdenes que ella dio, como el operativo que terminó con la vida de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel”, dice Sabina Frederic, investigadora de la UNQ y CONICET y coordinadora del Instituto “En Foco” de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencias. “La caracteriza la sobreactuación y la falta de responsabilidad sobre las consecuencias de la aplicación de las fuerzas y las consecuencias que tiene para las propias fuerzas de seguridad la exposición a las que las llevó en ese momento. No cuida las fuerzas porque no las equipa y porque las expone a operativos que son improcedentes, y creo que ahora viene recargada pero con el mismo estilo de irresponsabilidad y de espectacularidad”, advierte.
Patricia 2.0: Otra temporada como Ministra de Seguridad
En su primer día como presidente, Javier Milei firmó una serie de decretos para reestructurar el Gabinete nacional, reduciendo el número de ministerios de 18 a 9 y dándole rango ministerial a tres secretarías. ¿Por qué el Ministerio de Seguridad sobrevivió a ese recorte?
“No sólo sobrevivió, sino que absorbió el Servicio Penitenciario Federal, y también la ANMAC, que es la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex RENAR), encargada de controlar portación y tenencia de armas de uso particular. Es decir, el Ministerio de Seguridad se amplió”, dice Frederic. “Es un área que expresa una demanda del votante de Milei, como lo expresaba el votante de Bullrich. La idea de que la gente se pudra en la cárcel, cometa el delito que cometa, es una visión de este sector político que conquistó adhesiones. Y otra cosa importante es que ella controla el Ministerio de Defensa, los asesores de Petri son asesores de Bullrich, por eso insisto en lo que dice el dicho: el que mucho abarca, poco aprieta”, agrega.
En campaña, Patricia Bullrich prometió la construcción de una Unidad Penal llamada “Dra. Fernández de Kirchner” para encerrar “narcos y corruptos”. Si completa los cuatro años de gestión, habrá formado parte de casi la mitad de la historia del organismo, con una impronta de espectacularización de procedimientos policiales y allanamientos, y una búsqueda por asociar inseguridad y narcotráfico (y narcotráfico con aumento de detenciones contra consumidores y microtraficantes). “Está quemando sus últimos cartuchos, viene de una derrota, ella quería ser presidenta y se quedó con esto que no era lo que ella quería, ya fue ministra”, dice Frederic.
En el gobierno de Milei, dos de las principales medidas anunciadas en materia de seguridad hasta el momento fueron el traspaso del Servicio Penitenciario Federal a la órbita de Seguridad y el protocolo anti-piquetes.
Durante la gestión del Frente de Todos, la falta de narrativa, la pandemia, los altos índices de inflación y las disputas internas limitaron las posibilidades de avanzar hacia transformaciones profundas en materia de seguridad: “La política de seguridad no se puede escindir de la política socioeconómica. Entonces si vos tenés un escenario de crecimiento de la pobreza, de la desigualdad, la demanda va a ser un mayor ejercicio de fuerza. Si vos tenés políticas sociales, económicas, educativas, de contención y de reducción de la inequidad, bueno, la política de seguridad puede ser una política progresista”, explica Sabina Frederic. “Nosotros tuvimos una situación económica como resultado de una deuda prácticamente ilegal que dejó Macri, sin más de 50.000 millones de dólares, pandemia y sequía. Eso por un lado, pero por otro lado, también hubo conflictos políticos internos que mostraban que había tensiones sobre la orientación, para dónde ir. Y la política de seguridad quedó envuelta en ese esquema. Tenés que tener una orientación sociopolítica y económica, sino una política de seguridad progresista es inviable”.
Que la fuerza (federal) te acompañe
Con el traspaso del Servicio Penitenciario Federal (SPF) al Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich concentra la mayor cantidad de fuerzas de seguridad federales desde 1983. “El anuncio es muy reciente y todavía no hay mucha información de cómo se va a llevar ese traspaso”, dice Ana Camarda, profesora y licenciada en Letras (UBA) e integrante del Programa de Extensión en Cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. “Lo significativo estará en cómo se piensa el servicio penitenciario desde esa lógica. Tiene que ver con cómo se piensa el rol de la cárcel y de los mecanismos que se implementan a la hora de lidiar con el delito en nuestro país. Esta fuerza política sólo entiende la seguridad desde la perspectiva de mano dura, y la mano dura ha demostrado fracasar rotundamente en todos los lugares donde se ha aplicado. Tener formas más duras de castigo no disminuye el delito; en cambio, las políticas de acceso al trabajo y acceso a la educación, demuestran que las personas que los atraviesan tienen menor índice de reincidencia”, agrega.
“Tienen que entender que en un país como Argentina, la raigambre del delito es profundamente económica. Si uno mira las estadísticas de los delitos que se cometen, nuestros principales delitos son delitos contra la propiedad y delitos ligados con la Ley de Estupefacientes. La discusión que hay que dar es cuál es la situación de la gente que la lleva a cometer un delito, porque si se resuelve algo de la situación económica, del trabajo, sería muchísimo más efectivo que amenazar a la gente con represión y mano dura”, reflexiona.
Con el SPF a su cargo, Patricia Bullrich anunció que reabrirá la División de Inteligencia en las cárceles federales y que instalará inhibidores de señal telefónica. En marzo de 2018, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció el traslado del penal de Devoto a Marcos Paz y comenzó obras para albergar un máximo de 2.240 personas. “Una de las razones fuertes ha tenido que ver con la especulación inmobiliaria por esos terrenos. Cuando se habla de esto, se omiten varias cuestiones; una de ellas es que la cárcel de Devoto es un sitio de memoria: durante la dictadura militar, hubo muchísimas personas detenidas y también ocurrió la Masacre de Pabellón Séptimo. Quienes somos militantes también sostenemos que el programa UBA XXII es pionero, y el centro donde más Facultades participan es en la cárcel de Devoto, por una razón geográfica. La cárcel de Devoto es una caja de resonancia para lo que ocurre en las demás cárceles. Las personas privadas de la libertad es de los colectivos más invisibilizados que existen, y que la cárcel esté en el centro, permite que se conozca la realidad de las cárceles del país”, dice Ana Camarda.
El que corta, no cobra
El “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, una resolución del Ministerio de Seguridad, construye una narrativa según la cual las únicas personas que marchan son las beneficiarias de planes sociales y, además, lo hacen extorsionadas por líderes de organizaciones sociales. Por un lado, se subestima la capacidad de organizar marchas o asistir por convicción, y por el otro, el gobierno convierte los planes sociales en una variable de extorsión al amenazar con eliminarlos por un criterio que no figura en ninguno de los requisitos de la contraprestación de programas sociales.
En el 2016, Bullrich quiso llevar adelante una iniciativa similar con el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del estado en manifestaciones públicas”. El cuaderno de formación y acción colectiva “Derecho a la protesta” del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, sostiene que en una sociedad con una estructura desigual “no todos tenemos las mismas capacidades expresivas, los mismos contactos, las mismas oportunidades, ni los mismos recursos para presentar nuestras demandas o ser atendidos/as”. La protesta es criminalizada desde ciertos lugares comunes, como el “caos” que provoca en el tránsito. Al respecto, sostienen que la calle “es mucho más que un espacio de circulación. Es un espacio de encuentro y reunión”.
El gobierno anuncia un gran ajuste y pretende eliminar las protestas contra las consecuencias que tiene dicho ajuste, activando una gran cantidad de recursos económicos para identificar a las personas que se movilizan, incautar vehículos y procesar información sobre las organizaciones, etcétera. Según un anuncio oficial, el operativo tuvo un costo de 60 millones que buscan hacer pagar a una lista de organizaciones sociales. Por lo pronto, la publicación de los nombres de las organizaciones en los comunicados oficiales permiten la construcción de un enemigo público.
Las Madres de Plaza de Mayo señalaron la similitud de este anuncio con el Comunicado N° 1 de la Junta Militar de marzo de 1976: “consagra el espionaje contras las organizaciones sociales, políticas y sindicales con el pretexto de la seguridad pública. La única inseguridad es la que el Gobierno ha decretado con las medidas económicas y el proceso hiperinflacionario que estas han desatado. La resistencia popular será incontenible y, tarde o temprano, se expresará en las calles”.
El DNU anunciado por Milei desregula la economía, avanza sobre los derechos laborales, beneficia a las corporaciones dominantes y busca desarticular la organización de los/as trabajadores/as, afectando la capacidad de planificación en los hogares. El impacto en los sectores más desfavorecidos (donde priman los hogares monomarentales) nos lleva a resultados conocidos, como la feminización y la infantilización de la pobreza. Por fuera del liberalismo económico tradicional, la extrema derecha construye identidades y redes de pertenencia que se anclan en una agenda profundamente reaccionaria contra la vida de mujeres y diversidades. Después de la eliminación del Ministerio de Mujeres y Diversidad, el gobierno busca avanzar contra la Educación Sexual Integral, la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el matrimonio igualitario, el cupo laboral trans y otras conquistas del movimiento feminista.
“Las travestis hoy podemos discutir política, entendemos la coyuntura nacional, entendemos qué es lo que está pasando en el país y cómo nos va a afectar con más intensidad a los sectores más desprotegidos. Por eso es importante que sigamos marchando, que sigamos haciendo visibles nuestros reclamos; pero además, que formemos parte de estas demandas: cuando la policía nos pega no pregunta de qué país somos o qué género, viene por todes”, dice Ariana, integrante de la organización OTRANS.
El triunfo de una fórmula de extrema derecha como la de Javier Milei es parte de un panorama global (que surge en Europa con casos emblemáticos como Le Pen en Francia, y luego gana terreno en otras partes: la AfD en Alemania, Vox en España, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Kast en Chile) con causas comunes y dinámicas locales específicas. Las propuestas de Milei conectan con un malestar contra los privilegios de “la casta” y la política como herramienta para solucionar los problemas y escuchar las demandas de la ciudadanía. Pese a que la elección se pensó inicialmente como una elección de tercios, terminó reeditando la histórica dicotomía de peronismo y antiperonismo. La fórmula de Milei lleva a la radicalización de las derechas alternativas y las incorpora en su programa político. Esta expresión del neoliberalismo promete convertir a Argentina en una “potencia mundial” pero no promete bienestar o mejora de las condiciones de vida para las mayorías. ¿Dónde vamos a estar quienes queremos un país más justo y solidario y cómo podemos articular nuevas alternativas políticas?
“En tiempos en los que crecen discursos de odio y exclusión que pretenden legitimar políticas de hambre y represión, nosotras entendemos fundamental fortalecer la organización popular”, dice Bianca Petruccelli, militante de la organización en cárceles Atrapamuros. “La experiencia histórica indica que las redes comunitarias, el compañerismo y la solidaridad del pueblo es lo que nos va a permitir cuidar y defender la vida en un contexto de crisis social y económica”.