Por Malena García
El asesinato de Daniel Barrientos no puede pensarse como un simple caso de “inseguridad”: la agresión al Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en el medio del conflicto, la represión, el operativo desmedido de detención de los colectiveros y el descreimiento de la política como herramienta de transformación, todo bajo el seguimiento riguroso de cámaras, móviles y primicias. La seguridad más allá del espectáculo, como desafío para pensar cómo resolvemos nuestros problemas.
En nuestras vidas, a esta altura hipermediatizadas, existe un juego permanente y dinámico de narrativas del mundo, de cuáles son nuestros problemas y, algunas veces, sus posibles soluciones. La recuperación económica después de la pandemia se concentró en pocas manos: a pesar de que la economía crece, el INDEC relevó que al segundo semestre de 2022 9,1 millones de personas son pobres y otras 2,4 millones son indigentes. A la inflación del 102,5% tenemos que sumarle un clima de violencia política: después del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, le siguió su proscripción en las elecciones presidenciales inminentes.
En este contexto de marcada densidad, el asesinato de un colectivero de la línea 620 en La Matanza durante la madrugada del lunes pasado llevó a un paro de actividades que se tradujo en una movilización en la General Paz. La Unión Tranviario Automotor (UTA) publicó un comunicado que exponía un reclamo legítimo: que las autoridades garanticen condiciones mínimas de seguridad para trabajar, para no morir trabajando. “Queremos que nos den una solución de una vez por todas. Nos da miedo salir a trabajar”, dijo uno de sus compañeros.
El Ministro de Seguridad, Sergio Berni, llegó a la manifestación en helicóptero y fue agredido a palazos, piedrazos y trompadas por los manifestantes que se encontraban pidiendo justicia por su compañero. Después, como era de esperar, la policía reprimió a los manifestantes obligándolos a cesar su reclamo. Tenemos más a mano el reflejo de repudiar la violencia contra funcionarios públicos que contra trabajadores que utilizan la herramienta de la protesta social, siendo que en ambos casos la violencia afecta el carácter democrático de nuestra sociedad. O en otras palabras, una sociedad sin lugar para la protesta social no tiene lugar para la participación de la gente en el rumbo que toma.
“El problema más grande es el asesinato del colectivero, en un contexto en el que había un compromiso y un plan de la provincia de Buenos Aires con las empresas dueñas de las líneas para colocar las cámaras, algo que no se cumplió. El hartazgo tiene que ver, en ese caso puntual, con un acuerdo incumplido”
Sabina Frederic
“El problema más grande es el asesinato del colectivero, en un contexto en el que había un compromiso y un plan de la provincia de Buenos Aires con las empresas dueñas de las líneas para colocar las cámaras, algo que no se cumplió. El hartazgo tiene que ver, en ese caso puntual, con un acuerdo incumplido”, dice Sabina Frederic, antropóloga y presidenta de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria Cascos Blancos. Según la funcionaria, faltó control sobre las empresas para que coloquen las 8000 cámaras en las líneas, de las cuales sólo fueron instaladas 2000.
“En ese contexto, la llegada del ministro de seguridad a esa escena es muy improvisada. Porque evidentemente no tenía la información necesaria para llegar y coronar una resolución del conflicto. Hizo todo lo contrario, lo potenció. Y entonces ahí hay una escalada. Hay un clima, obviamente, de mucha angustia, de mucha incertidumbre, de desconfianza hacia el gobierno, hacia la política en general. Con estas acciones que de alguna manera no evalúan el contexto, me parece que el ministro se equivoca”, dice.
“Sacando este hecho que se hizo público y repercutió en todos lados, porque estaban las cámaras en el momento que llega, que es un estilo habitual del ministro, llamar a las cámaras y después aparecer, hay muchas formas de gestión que se desarrollan, que contienen los conflictos -dice Frederic-. La Argentina tiene muchas zonas de conflicto por diferentes temas. Por inseguridad, por demandas de hábitat, vivienda, trabajo, por mejorar las condiciones de trabajo, en fin, hay cantidades de protestas y demandas y conflictos, y hay muchos funcionarios, funcionarias, intendentes, intendentas, que contienen esos conflictos antes de que lleguen a niveles como los que vimos el otro día. Hay formas, estilos y métodos que sí resultan. De los que nadie se entera porque no tienen por qué enterarse, porque no son conflictos mediáticos o porque la resolución del conflicto no es mediática. Ocurre donde debe ocurrir y entonces se resuelve”.
El espectáculo de la violencia y el goce punitivo
La “inseguridad” es terreno fértil para que la televisión y las redes sociales puedan propagar mitos. Los lugares comunes alrededor de la inseguridad nos generan la sensación de que el delito está a la vuelta de la esquina y nosotras podemos ser las próximas víctimas: tienen la capacidad de generar alarma, pánico, miedo, angustia y bronca. Por ejemplo, a pesar de que la tasa de homicidios en la provincia de Buenos Aires viene en descenso desde hace más de una década (según el Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la tasa de homicidios pasó de 8,5 en 2009, a 4,5 cada 100.000 habitantes en 2021), se genera la sensación de que estamos expuestas al peligro permanentemente.
Las narrativas sobre la inseguridad tienen la capacidad de sacarnos de la realidad, o mejor dicho, crear una realidad donde un fenómeno está representado por demás. Cuando se juntan las respuestas fáciles e inmediatas y los discursos de odio que fogonean los medios y algunos sectores políticos con el hartazgo y la desconfianza social, el funcionario que le pone la cara a la situación puede salir escrachado, insultado, golpeado. Los golpes a Berni y el canto de “que se vayan todos” nos muestran algunas de las consecuencias de que la dirigencia política se encuentre cada vez más alejada de los problemas de la población en lugar de presentar a la política como una herramienta para transformar la realidad (recordemos: en estos días hay un grupo importante de funcionarios que utilizan los medios de comunicación para dirimir internas, candidaturas y espacios institucionales a distribuir que para discutir propuestas y proyectos de país).
Berni decidió dar declaraciones en la televisión mostrando las heridas, mientras aún esperaba la confirmación de si debía ser operado o no. La imagen nos devuelve un estilo de gestión al que nos tiene acostumbradas. Más allá del espectáculo mediático, la agresión a un funcionario público también es consecuencia de una política que se apoya en resentimientos, miedos y angustias: es una forma de reclutar adhesiones para políticas de mano dura, con promesas de soluciones rápidas y fáciles. La discusión polariza a la sociedad y quien cuestione lo que se dice sobre la inseguridad, es automáticamente parte del problema.
“Hay que trabajar en el uso proporcional de las fuerzas de seguridad, para que actúen conforme a la ley. Esto no es mano dura o mano blanda, es conforme a la ley y al Código Penal. La policía tiene que estar más profesionalizada”
Sabina Frederic
Al sistema penal lo hacemos cada vez más grande cada vez que pedimos que lo que antes eran contravenciones hoy sean tipificadas como delitos, cuando pedimos que los delitos que tienen penas cortas tengan penas más largas, cada vez que pedimos que haya más policías o cuando nos mandamos cartas documento por conflictos que antes resolvíamos de otra manera, como insultos en Twitter. La judicialización de todos nuestros problemas y la expansión del sistema penal no sólo tiene marcados efectos en nuestra sociedad (todos los años rompemos un nuevo récord de población encarcelada) sino que no resuelven nuestros problemas. Esta lógica, con el tiempo, profundiza la espiral de violencia y pone en riesgo un conjunto de derechos que se ganaron con años de lucha por expandir la democracia con una enorme cantidad de conquistas sociales: el desproporcionado operativo de detención de los colectiveros que agredieron a Berni es una muestra de esto, y fue criticado por Cristina Fernández de Kirchner. “Hay que trabajar en el uso proporcional de las fuerzas de seguridad, para que actúen conforme a la ley. Esto no es mano dura o mano blanda, es conforme a la ley y al Código Penal. La policía tiene que estar más profesionalizada”, dice Sabrina Frederic.
¿Quién tiene la culpa? Pensar los problemas más allá de víctimas y victimarios
En Argentina, un sector del feminismo señala las trampas del poder punitivo: sostiene que el sistema penal, el derecho y su esquema de “víctimas” y “victimarios” queda chico para pensar los problemas de desigualdad. Lo dijo Audre Lorde, activista feminista, afroamericana y lesbiana: “Las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo”. Se trata de pensar por fuera de los límites del castigo, en otras formas de construir y atravesar nuestros conflictos, para encontrar soluciones que nos acerquen a un mundo más igualitario. No todo problema social —por ejemplo, la pobreza, las desigualdades de género o la falta de representación política— puede formularse en términos de política criminal, buscando una parte que sea víctima y otra que sea victimario. Los feminismos antipunitivos nos invitan a pensar los problemas en comunidad, sin renunciar a pensarlos de una manera compleja.
Para Sabina Frederic, hay que construir una política integral de seguridad que implica atender el problema desde las conducciones políticas, fortalecer la investigación de los delitos cometidos por escalones más altos de la organización del crimen, los cuales terminan en lavado de activos; transformar las condiciones carcelarias, fortalecer no sólo la educación y los oficios dentro de la cárcel, sino también el sistema cooperativo para las personas que recuperan la libertad y trabajar sobre la prevención del delito: “La desigualdad es una gran productora de delitos y de mercados ilegales. Hay otras áreas del Estado que tienen que hacer políticas que en parte son preventivas de los hechos delictivos. Que es trabajar sobre las jóvenes generaciones que viven en condiciones de pobreza: la pobreza aumenta y hay que redoblar los esfuerzos también en áreas que tienen que ver con salud, con educación, con deporte, con cultura, que le va sumando alternativas a esas nuevas generaciones, alternativas a terminar empuñando un arma y saliendo a robar”.