Malvinas: una historia de colonialismo y saqueo en el Atlántico Sur

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Por Facundo Nicolás Baez Viruez, de Consciente Colectivo

A 41 años de la injusta guerra de Malvinas, reflexionamos sobre el rol de los bienes naturales.

“Cuestión Malvinas” es lo que escuchamos todos los años cada vez que nos acercamos a un 2 de abril. Pero, ¿qué es lo que realmente significa la Cuestión Malvinas? ¿Cuál es su importancia dentro del imaginario colectivo? ¿Cómo impacta la imposición económica británica dentro de esos territorios australes?

La Cuestión Malvinas es, sin dudas, uno de los puntos centrales dentro de la política exterior argentina, en donde entendemos la existencia de una disputa de soberanía bilateral entre nuestro país y el Reino Unido sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Sin embargo, es imposible entenderla sin conocer los antecedentes históricos que nos remontan a ella.

Las islas son descubiertas en 1520 por integrantes de la expedición Magallanes, en espacios marítimos que hasta ese momento figuraban bajo el control efectivo de las autoridades españolas. De ahí en más, y a partir de la Revolución de Mayo, las islas fueron consideradas por los primeros gobiernos patrios como parte íntegra del territorio heredado por la Corona Española. Pero recién en el año 1820, David Jewett, Coronel de la Marina Argentina, toma posesión de las mismas.

El conflicto por la soberanía de las islas se remonta al 3 de enero de 1833. Una corbeta británica expulsa por un acto de fuerza a las autoridades argentinas que se niegan a reconocerle autoridad. Ocupaban Malvinas, Georgias del Sur y 3 millas náuticas alrededor de cada una. Esto quiere decir que además de dominar las islas, dominaban las aguas. Lo que en otras palabras se traduce como el Mar Argentino.

La Cuestión Malvinas es reconocida como una disputa bilateral en los más altos y significativos foros multilaterales de la política internacional, guardándose un lugar en las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

No es casual que se inscriba dentro de la lista de Territorios No Autónomos de las Naciones Unidas. En el Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas, se definen los Territorios No Autónomos como “territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio”. La Asamblea General, en su resolución 66 (I) del 14 de diciembre de 1946, incluyó una lista de 72 Territorios a los que se aplicaba el Capítulo XI de la Carta.

De ahí en más, tendremos durante todo el siglo XX una serie de resoluciones que instan a la Argentina y al Reino Unido a sentarse en una mesa de negociación para resolver esta disputa. Como ejemplos tendremos los antecedentes de la resolución 1514 (XV) sobre la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales. La misma proclamó “la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones”, el 14 de diciembre de 1960.

Esto se complementa con la famosa resolución 2065 (XX). En la misma se contempla que: “El caso de las Islas Malvinas es una de las formas de colonialismo al que debe ponerse fin” (haciendo referencia a la RES 1514), donde se reconocía la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e invitaba a ambos países a encontrar una solución pacífica.

La guerra ocurrida en 1982 generó un punto de inflexión en las relaciones de los gobiernos por la Cuestión Malvinas. Significó un alto y un retroceso en las negociaciones por la soberanía de las islas. El resultado permitió a Londres establecer la estrategia drop the claim a partir de desestimar las demandas argentinas sobre las mismas, perpetuando el colonialismo sobre estos territorios y fortaleciendo, a su vez, su política de hechos consumados.

Esto lo podemos ver más claro en la ocupación de los espacios marítimos circundantes a Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, pasando de ocupar las 3 millas náuticas anteriormente mencionadas, a unas 200mn en la actualidad.

En este sentido, resulta clave definir el territorio al cual nos estamos refiriendo cuando hablamos de millas náuticas, entonces, si hacemos un traspaso de mediciones, estaríamos hablando de 1.500.000 kilómetros cuadrados en conflicto. En otras palabras, un tercio de los 3.761.274 km2 de nuestra superficie (cifras del Instituto Geográfico Nacional).

Con la vuelta a la democracia, las presiones de la Cancillería Argentina no se hicieron esperar: el 9 de noviembre de 1982, la resolución 37/9 expresaba la necesidad de que “(…) los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa de Soberanía sobre dichas Islas”.
Desde entonces, el Reino Unido no respeta las resoluciones de la Asamblea General sobre la Cuestión Malvinas número: 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25.

Un saqueo sistemático

La ocupación ilegal alrededor de las islas a 200 millas náuticas establecida unilateralmente por el Reino Unido, hace que entren en juego otros factores a analizar: el primero es la cuestión económica, y el segundo, la ambiental. Las islas albergan una enorme biodiversidad en sus aguas y una importante reserva de hidrocarburos y minerales. Además, cuentan con un yacimiento marítimo descubierto en 2010, llamado Sea Lion, que presenta una alta potencialidad hidrocarburífera. Está ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, de donde se espera extraer un total de 1.000 millones de barriles de petróleo de unos 23 pozos, de los cuales se concesionaría un 35% a la petrolera británica Rockhopper, y el 65% restante, para “Navitas Petroleum LP”.

Esto se puede ver de forma más clara en lo sucedido el sábado 23 de abril de 2022, cuando el Gobierno Nacional a través del Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, y el Secretario de Energía, Darío Martínez, anunciaron severas sanciones a las empresas “Harbour Energy Plc.”, con sede en Reino Unido, y “Navitas Petrolem LP”, empresa de origen israelí dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos, por sus actividades comerciales vinculadas a la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, ubicada en la Cuenca de Malvinas Norte, encuadrado en el proyecto “Sea Lion” que se lleva adelante con licencias ilegales de las autoridades ilegítimas en Malvinas. La sanción correspondió a la inhabilitación por el término de veinte años para desarrollar actividades en el territorio de Argentina.

Pero la actividad extractiva más fuerte que radica en Malvinas es sin dudas la industria pesquera, que opera bajo concesiones ilegales otorgadas por el gobierno inglés. El Mar Argentino supone uno de los mares más ricos en biodiversidad y biomasa. Se combinan singularidades geológicas y ambientes en donde viven especies únicas que integran nuestro Patrimonio Natural como argentinos, y dan cuenta de la continuidad de nuestro territorio continental en esos territorios singulares australes.

En este sentido, el Illex argentinus y el Loligo Gahi (especies de calamar) están siendo el blanco actual de la pesca industrial ilegal, llevándolas a declives poblacionales que generan importantes desbalances en la cadena trófica. Al ser consumidores primarios, esto genera grandes desabastecimientos de alimento que a su vez incrementan la competitividad entre las demás especies como tiburones y lobos marinos.

Esta depredación en el Mar Argentino y en los territorios circundantes a Malvinas corresponde a un saqueo sistemático a nuestra soberanía nacional y supone también grandes pérdidas económicas para los productores locales ligados a la pesca.

Según la “Falkland Islands National Accounts 2010-2020”, un documento publicado por la administración ilegal británica sobre las islas “una proporción significativa del Producto Bruto Interno de las Islas Malvinas se genera en dos sectores económicos involucrados en la extracción y recolección de recursos naturales, ‘Pesca y acuicultura’ y ‘Exploración y desarrollo de petróleo y gas’”. Esto se ve mucho más claro cuando vemos los porcentajes: durante el 2020 la pesca y acuicultura representó el 90% de las exportaciones totales y un 60% del total del PBI, mientras que la exploración y desarrollo de hidrocarburos (gas y petróleo) un 3,4%, respectivamente.

Otros factores a tener en cuenta son el control de los pasos bioceánicos, la puesta en marcha de la mayor base militar británica y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el atlántico sur, sumado a la disputa por el control de sectores ligados a la Antártida, todos reclamos de soberanía que quedaron suspendidos en 1959, tras la firma del tratado Antártico.

En este sentido, Argentina reivindica su soberanía en el denominado “Sector Antártico Argentino”, mientras el Reino Unido proyecta la dominación de las islas sobre esa porción de la Antártida, constituyendo uno de los pilares claves para entender ese avance colonialista que legitima su reclamo sobre la misma, entendiendo que la Antártida posee el 70% del agua dulce del mundo.

Estos actos son rechazados una y otra vez por numerosas resoluciones emitidas por organismos internacionales que instan al diálogo bilateral y a la resolución de esta disputa de forma pacífica. Mientras tanto, el gobierno británico y diversas multinacionales, siguen extrayendo nuestros bienes naturales comunes, poniendo en peligro no sólo nuestras especies, sino también nuestros ecosistemas y la propia seguridad de la región.

La reanudación de las negociaciones es indispensable para terminar con esta disputa, en donde se manifiestan relaciones de poder colonialistas históricas impuestas por imperios europeos hacia nuestro continente.

La Cuestión Malvinas, entonces, no es sólo una cuestión argentina de soberanía, sino una cuestión latinoamericana, que trasciende fronteras hacia el total de nuestro continente.

Fueron, son y serán argentinas.

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