Vivas nos queremos (durante la pandemia también)

Nota Ni una menos

Por Ayelén Cisneros
Producción: Chiara Finocchiaro
Diseño: Rocio Perez

A cinco años del nacimiento del movimiento Ni una menos nos preguntamos ¿qué pasa con los femicidios hoy? 

La muerte de Chiara Páez fue la gota que rebalsó el vaso. Tenía catorce años, estaba embarazada y la encontraron enterrada en el patio de su femicida. “Ni una menos” fue el grito que surgió desde las entrañas de todes ese 3 de junio de 2015. Luego se repitió año tras año y se replicó en distintos países de Latinoamérica. Se sumaron leyes, políticas públicas, las comisiones de género de distintos espacios políticos, gremiales y artísticos se llenaron de compañeres, nacieron organizaciones, se crearon protocolos de violencia de género en instituciones y el feminismo se puso en agenda pública. El aborto legal tuvo media sanción en el Congreso. Se creó un ministerio específico. A cinco años se puede decir que el movimiento Ni una menos fue un parlante que amplificó la lucha feminista argentina, pero todavía falta. Al hacer un relevamiento de la información que proveen distintos observatorios de violencia de género* desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) decretado a causa de la pandemia, el 20 de marzo, se puede afirmar que se produjeron al menos 57 femicidios** y por lo menos un travesticidio. El hogar no es un espacio seguro: alrededor del 70% de los femicidios ocurrieron en las casas de las víctimas. Y de estas mujeres, al menos el 65% fueron asesinadas por parejas o exs.

Lo que hace el Estado

En este momento, una mujer muere cada 29 horas, cifra similar a las de los últimos años. Ante esta realidad donde la casa es una trampa, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades comunicó que reforzó la línea 144 que brinda atención, asesoramiento y contención. Esta línea telefónica se complementa con una app que tiene una encuesta de alrededor de cinco minutos con la que se pueden detectar signos de violencia, un listado con centros de atención y un mapa en dónde buscarlos. Asimismo, para las mujeres que no pueden llamar al 144, se incorporó un Whatsapp para el asesoramiento, el 1127716463. Siempre es importante recordarle a las personas que viven violencia de género que si corren riesgo deben llamar al 911 en todo el país. 

Apenas se inició el ASPO, la Superintendencia de la Cámara Nacional en lo Civil prorrogó automáticamente por sesenta días las medidas cautelares de protección para las víctimas de violencia de género como perimetrales, exclusiones del hogar y otorgamiento de dispositivos como botones antipánico y tobilleras, entre otras. 

Si bien al comienzo de la cuarentena el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades ya había logrado que las salidas para hacer denuncias por violencia de género estén dentro de las excepciones para circular en la vía pública, hace unos días, junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa se lanzó un nuevo protocolo de acceso a la justicia con perspectiva de género durante el aislamiento social. El personal policial puede tomarle declaración directamente donde se encuentre la persona en situación de violencia sin tener que asistir si no quiere o puede a los organismos especializados. 

En la provincia de Buenos Aires la semana pasada se sancionó la Ley de Emergencia por Violencia de Género que permite al ejecutivo disponer de partidas en este momento crítico. La Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, Estela Díaz, habla sobre la importancia de esta ley: “Nos permite fortalecer las líneas del trabajo que el Ministerio ya viene llevando adelante como reforzar todo lo que tiene que ver con la atención telefónica, la articulación con los municipios, la relación con el propio Poder Judicial en medidas de acceso a la justicia. Pensamos que es una herramienta más que nos fortalece en la visibilidad y en el camino de la construcción de gestión pública y política pública para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia por razones de género”.

Sobre la línea 144 de la Provincia la ministra explica: “La encontramos tercerizada, dispersa en los mecanismos de atención que son necesarios en una línea que se ocupa de violencia de género, contención, asesoramiento y muchas veces emergencia. Hay horarios donde entra mucha emergencia y esto, en general, se debe articular con el 911. Ni bien llegamos nos pusimos a reorganizarla”. Y describe el modo para normalizar la línea: “Estábamos en proceso de reestatización, de cambiar el sistema completamente, pero en el medio llegó la pandemia, sabíamos que teníamos que fortalecerla inmediatamente, así que hemos reforzado el personal, volvimos al plantel anterior, y lo incrementamos. A su vez generamos equipos que atienden de forma complementaria: los equipos de seguimiento de los casos, los de casos críticos y de alto riesgo y otros que trabajan determinadas contingencias especiales”. Según Díaz “hay un incremento de un 40% en las llamadas en plena pandemia” y agrega: “Muchos municipios de la Provincia de Buenos Aires han puesto líneas locales que han mostrado un crecimiento exponencial de la llamada. En el caso de a 144, le incorporamos una línea de WhatsApp (que es el 2213530500) que es muy utilizada porque es un recurso que usamos todas las mujeres, de todas las edades, y de todos los sectores sociales. Si tenés al agresor cerca podés escribir y además podés borrar sin que quede la consulta que hiciste. Así que es una herramienta de mucha utilidad que vino para quedarse después de la pandemia”.

De todos modos, las cifras son contundentes: los femicidios no bajan. Pamela Lodola, abogada de la Casa del Encuentro explica los fallos en los mecanismos que implementa el Estado: “Están fracasando básicamente en las mismas cuestiones que fracasaban previo a la pandemia. Hay una cuestión de la efectividad de las medidas de protección, que tal como surgen de nuestros informes de femicidios año a año, las mujeres, aún con medidas de protección y con botones antipánico, encuentran la muerte en manos de esa persona que tenía una medida judicial en su contra. Lo importante sería que el Estado empiece a implementar un control de esas medidas”. Según Lodola, se están pensando nuevas modalidades de control: ”Se viene hablando bastante de la posibilidad de que el hombre violento tenga una pulsera electrónica para que haya un monitoreo de su movimiento, además del botón antipánico portado por la mujer denunciante”. La abogada destaca algunas de las medidas durante el ASPO: “Con la pandemia se han tomado algunas disposiciones que son beneficiosas para las mujeres. La prórroga automática implica que la mujer no tenga que denunciar de nuevo un hecho de violencia, lo cual muchas veces desestima a volver a acercarse para denunciar. Por otro lado, como la situación de la feria judicial amerita que los y las trabajadoras judiciales no estén disponibles en los puestos de trabajo, se permite realizar sus denuncias telefónicamente”.

Laura Rothberg, integrante del Observatorio de las violencias de género “Ahora que sí nos ven” también habla de las fallas del poder judicial: “Nosotras tenemos la ley 26.485, pero esa ley por sí sola no sirve si cuando la mujer tiene que ir a denunciar a una comisaría no le quieren tomar la denuncia o la disuaden de realizarla, diciéndole que son problemas menores, o la obligan a permanecer horas, de forma disuasiva, hasta que le tomen la denuncia. Cuando vemos, por ejemplo, que muchas de las víctimas de femicidios ya habían realizado una denuncia o tenían medidas de restricción respecto de estos agresores y aun así fueron asesinadas vemos que falla el poder judicial en el control de esas medidas de restricción, pero el problema es complejo”. Sobre la complejidad de los casos de violencia, Rothberg habla de la cuestión económica como un obstáculo a la hora de separarse del agresor: “Muchas veces las mujeres a pesar de tener una orden de restricción se siguen viendo con sus agresores porque necesitan la cuota alimentaria. Ahí es muy importante hacer hincapié en la autonomía económica de las mujeres». En ese sentido, la integrante del Observatorio de violencias de género insiste en que las medidas para terminar con esta problemática tienen que ser integrales: “Cuando hablamos de un abordaje integral nos referimos a poder poner la mirada en todas estas cuestiones que hacen a la erradicación de la violencia: la educación, el empoderamiento económico de las mujeres, la Justicia controlando las medidas de restricción y el Estado, el poder ejecutivo ideando leyes como la Ley Micaela de capacitación a todos los poderes para que quienes arman, piensan, diseñan y llevan a cabo las leyes que tienen que ver con la protección de las mujeres lo hagan desde un lugar con perspectiva de género”.

Sobre un balance de los primeros 5 años del Ni una menos y las políticas públicas para erradicar las violencias, la periodista feminista y codirectora de LATFEM, Florencia Alcaraz, describe algunas carencias: “Feministas en el Estado tuvimos siempre. Ministerio no teníamos. Logramos conquistar ese reconocimiento y esa jerarquización. Sin embargo, los presupuestos y las respuestas estatales nunca son suficientes, o todavía no lo son, y no están a la altura de un problema estructural, específicamente lo que tiene que ver con la forma de violencia más extrema como son los femicidios”. Alcaraz hace énfasis en las políticas de prevención como la clave en esta lucha: “Creo que falta poder repensar desde el ámbito de las políticas públicas respuestas más creativas, más novedosas, que puedan trabajar desde la prevención. En ese sentido, creo que la Ley Micaela es una conquista muy interesante que hemos tenido, que hemos logrado poder salir del enfoque punitivo y del castigo, que quizás imponen las narrativas judiciales. La exigencia de justicia siempre se ha pensado desde el enfoque punitivo y del castigo. Pero justicia también es poder prevenir violencias y poder hacer memoria feminista. Entonces ahí me parece también que un saldo positivo es haber conquistado la Ley Micaela y empezar a hablar de la formación en perspectiva de género y de políticas para la prevención. Faltan ese tipo de políticas y respuestas por parte del Estado».

La implementación de la ESI para seguir deconstruyendo las ideas en torno a las relaciones violentas es una de las políticas a largo plazo que apuntan al cambio cultural. En ese sentido, la poeta, periodista e integrante del Ni una menos, Marina Mariasch, explica el cambio cultural: «Tenemos una cantidad de femicidios que no baja y que se sostiene incluso, o aún más en contexto de pandemia, respecto de otros crímenes que sí han bajado. Esto nos da la pauta de que con la sola concientización no es suficiente. Hace falta la severa y rigurosa implementación efectiva de la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, una ley que el gobierno de Macri ha desmantelado y no ha brindado ese derecho que tienen les estudiantes de recibir esa educación desde las primeras etapas de acceso a la escolaridad. Porque a lo que apostamos nosotras, las feministas en general, porque hay muchos feminismos, es a un cambio cultural que se da desde las primeras instancias educativas y formativas.’

Las redes feministas

¿Cómo llega una mujer a hacer una denuncia? Puede pasar mucho tiempo para que se anime a denunciar a su agresor. Hay muchas causas que la detienen, desde un sistema judicial que puede llegar a ser engorroso y revictimizante, pasando por el miedo hasta la dependencia económica. Durante un encierro forzoso con una persona violenta, las redes feministas pueden ayudar a contener y dar fuerzas. Son mujeres las que sostienen los comedores en los barrios, son mujeres las que contienen cuando otra vive una situación de violencia. 

Marcela Ojeda describe las redes feministas en pleno ASPO: “Es importantísimo el rol de acompañamiento, de asistencia, pero también de poner el lomo que están teniendo las mujeres. Me parece que esto es fundamental, y volviendo a esta situación, insisto, poner la doble lupa sobre aquellas que, en contexto de encierro y de vulnerabilidad, están conviviendo con violentos; todos los días intentando sobrevivir no solo a enfermarse potencialmente, sino a sobrevivir a un violento. También esta situación está abriendo otros caminos a reconocernos como feministas: observar lo que le pasa a la otra, lo que necesita, sus necesidades. Ahí estamos, nos tenemos, nos reencontramos y nos necesitamos. Las redes feministas de todo el país, y en cada una de las ciudades de nuestras provincias son fundamentales”.

Desde nuestras casas podemos escuchar a nuestres vecines y podemos distinguir situaciones de violencia de género. ¿Cómo podemos ayudar, cómo podemos construir una red de contención para esa persona? “Lo primero que aconsejamos desde el Observatorio cuando sabemos que una mujer que conocemos es víctima de violencia de género es entender que la víctima siempre tiene la última palabra y la que puede decidir qué es lo que quiere hacer” explica Rothberg. “Siempre recomendamos, a quien conozca un caso de violencia de género, asesorarse a través de la línea 144. Y con esta información poder ayudar a la víctima: al estar informade une sabe cómo actuar.”

Sobre la contención, Lodola explica: “Cuando la situación no es de emergencia es muy importante como vecina, como ciudadana, como mujer, acercarse a esa persona cuando esté lejos del violento y manifestarle el acompañamiento, que la entendemos, que una la puede acompañar, le va a creer y qué va a hacer todo lo posible para ayudarla a salir de esa situación”. Y sobre las denuncias no consentidas por la persona que está viviendo violencia Lodola agrega: “Cualquiera puede hacer una denuncia en nombre de una mujer que está atravesando situaciones de violencia género, pero también es cierto que la denuncia hace que la policía se acerque el domicilio y le pregunté a la mujer si es real esto que se está denunciando, y esto agrava la situación, la pone en mayor riesgo a la mujer por las represalias que eso implica, entonces ahí hay que tener un reparo y un cuidado mayor”. 

Las redes feministas en época de pandemia están más vigentes que nunca. A 5 años del primer Ni una menos, las políticas públicas siguen en deuda con el movimiento feminista, que sigue luchando para que no haya ni una muerta más por violencia de género. 

*Observatorio “Adriana Marisel Zambrano” de la Casa del Encuentro, Observatorio de las violencias de género “Ahora que sí nos ven” y el Observatorio Mumalá. 

**Número que incluye femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, es decir, de personas del círculo de la víctima. 

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